Promulgan Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de inversiones públicas

Mediante el Decreto Legislativo No. 1486 (en adelante, el “Decreto”), del 10 de mayo de 2020, se han establecido disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas, a través de mecanismos que permitan que las entidades públicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentación y mejora constante durante la ejecución de dichas inversiones.

El Decreto es de aplicación obligatoria a todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, incluyendo a sus organismos y empresas públicas; a las cuales, en adelante, se denomina las entidades públicas.

A tal efecto, el Decreto dispone, entre otros, que:

1. Las entidades públicas del Gobierno Nacional pueden aprobar la aplicación de metodologías Building Information Modeling (BIM) u otras, en las inversiones públicas que se encuentren en el ámbito de su responsabilidad funcional.
2. Extender el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia No. 003-2020 a los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP) creados en el marco del Decreto de Urgencia No. 021-2020 que identifiquen la necesidad de adquirir y liberar áreas durante la fase de Ejecución de las inversiones que implementa.
3. Bajo el ámbito del régimen general de contrataciones del Estado, cuya ejecución de la inversión se ha visto paralizada debido al Estado de Emergencia Nacional producido por el COVID-19:

3.1. El ejecutor de obra deberá presentar a la entidad pública, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la culminación del Estado de Emergencia Nacional y/o el inicio que se encuentre dispuesto para la reanudación de actividades, entre otros, (i) la cuantificación de la ampliación de plazo contractual, (ii) nuevo cronograma de ejecución, (iii) nuevo calendario de adquisición de materiales y equipos.

3.2. La entidad pública podrá acordar con el ejecutor y supervisor de obra aquellas modificaciones contractuales necesarias para implementar las medidas de prevención y control del Covid-19 dispuestas, debiendo reconocer los costos que éstas impliquen.