El Gobierno ha implementado severas medidas sanitarias durante Estado de Emergencia que han generado grandes impactos. Por un lado, tenemos la afectación a derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos, tales como las libertades de tránsito y reunión, y la inviolabilidad de domicilio. Por otro, existen grandes daños que está sufriendo el sector económico debido a que durante el Estado de Emergencia sólo podrán operar, como señalamos, las personas naturales o jurídicas que presten servicios considerados como esenciales. Asimismo, tenemos también que aquellos que puedan operar lo deberán hacer bajo el estricto cumplimiento de medidas sanitarias y con el personal mínimo indispensable según cada corresponda a cada actividad.
Como era de esperarse, estas prohibiciones y restricciones no han sido cumplidas con la rigurosidad esperada. Debido a esto, las autoridades han realizado miles de retenciones y detenciones a ciudadanos que no han cumplido con las restricciones decretadas. De igual manera, se han intervenido, clausurado y sancionado empresas que no deberían operar durante el Estado de Emergencia y también a empresas que, aun contando con el permiso para operar, incumplen las medidas sanitarias exigidas.
Sin embargo, hemos verificado que en varios casos la autoridad ha actuado de manera indebida, ya sea por desconocimiento de la norma o simplemente porque actúa de manera arbitraria. Estas actuaciones irregulares han consistido mayormente en intervenciones, retenciones o detenciones realizadas totalmente al margen de todas las disposiciones que se han emitido con la finalidad de dar cumplimento al Estado de Emergencia.
En ese sentido, compartimos con ustedes esta guía donde proponemos algunas medidas preventivas (compliance) que ayudarán a las empresas a evitar sanciones penales ante las severas medidas sanitarias que se han implementado durante el Estado de Emergencia.
