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Derecho AdministrativoProyectos e Infraestructura

Reanudación de actividades en infraestructura y servicios públicos

03/05/2020
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El Estado de Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo 44-2020-PCM (y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos 51-2020-PCM, 64-2020-PCM y 075-2020-PCM, hasta el domingo 10 de mayo de 2020) implicó la paralización de gran parte de la actividad económica en el país, incluida la construcción de proyectos de infraestructura.

El Decreto Supremo 80-2020-PCM ha establecido reglas para la reanudación de actividades, aprobando la lista de actividades que, dentro de la Fase 1, se reanudarán desde mayo de 2020. En este enlace se encuentra una descripción detallada del Decreto Supremo 80-2020-PCM (Ver Lexmail).

1. ¿Qué ocurre con las actividades de servicios públicos que sí estaban autorizadas en el Estado de Emergencia Nacional?

Diversas actividades de servicios públicos se encuentran autorizadas a operar durante el Estado de Emergencia Nacional, bajo el régimen de Decreto Supremo 44-2020-PCM y normas conexas.

Los servicios públicos de telecomunicaciones pueden operar, aunque bajo limitaciones establecidas por el OSIPTEL, a través de las Resoluciones de Consejo Directivo 45-2020/OSIPTEL, 46-2020-CD/OSIPTEL, 47-2020-CD/OSIPTEL, 48-2020-CD/OSIPTEL, 49-2020-CD/OSIPTEL, y 50-2020-CD/OSIPTEL, y las Resoluciones de Presidencia 35-2020-PD/OSIPTEL, y 40-2020-PD/OSIPTEL. Muchas de estas limitaciones han sido cuestionadas por excesivas en el sector.

Las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica también operan durante el Estado de Emergencia Nacional. La Resolución Viceministerial 1-2020-MINEM/VME dispuso que las empresas debían activar protocolos de seguridad destinados a salvaguardar la salud de su personal, contratistas y/o terceros. Además, estableció la obligación de presentar un Plan de Contingencia para asegurar la continuidad del servicio eléctrico durante el Estado de Emergencia Nacional. Una norma análoga, la Resolución Viceministerial 14-2020-MINEM/VMH, fue emitida también para las actividades de hidrocarburos como explotación, procesamiento, transporte por ductos, de distribución de gas natural y actividades de comercialización de hidrocarburos.

A efectos de garantizar la continuidad de servicios públicos de electricidad, telecomunicaciones y gas natural, se emitió adicionalmente el Decreto de Urgencia 35-2020, que incluyó la posibilidad de establecer diversos mecanismos comerciales a favor de los usuarios (como el fraccionamiento del pago de recibos).

La actividad portuaria también ha operado, en lo relacionado a carga. Para estos efectos, la Autoridad Portuaria Nacional ha emitido los “Lineamientos obligatorios para desarrollar procedimientos y protocolos para prevenir el contagio del COVID-19 en las instalaciones portuarias”. Las concesiones de carreteras también, aunque sujetas a la presión política de eliminación de peajes.

Todas estas actividades permitidas durante el Estado de Emergencia Nacional continuarán operando luego del término de dicha situación. No obstante, la Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 80-2020-PCM establece que deberán adecuarse a sus disposiciones “sin perjuicio que continúen realizando sus actividades”.

Por ello, de acuerdo con las disposiciones sectoriales que deberán emitirse en cumplimiento del Decreto Supremo 80-2020-PCM, las empresas que desarrollen las actividades descritas deberán:

(i) Elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, observando los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial 239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), así como los protocolos sectoriales; y,

(ii) Proceder a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

2. ¿Qué ocurre con las actividades de construcción de infraestructura de servicios públicos?

Durante el Estado de Emergencia Nacional no está permitida la construcción de infraestructura de servicios públicos, como centrales de generación eléctrica, infraestructura portuaria o plantas de saneamiento.

No todas estas actividades estarán permitidas en la Fase 1 de la reanudación de actividades. Solo estarán permitidas en esta fase aquellas actividades listadas en el anexo del Decreto Supremo 80-2020-PCM, que sí incluye algunas (no todas) actividades de construcción de infraestructura de servicios públicos:

(i) Proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad (PNIC) (ver lista)

(ii) Proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios (ARCC) (ver información del Plan Integral)

(iii) 56 proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones.

(iv) 36 obras de saneamiento.

(v) Actividades de infraestructura agraria (riego, mantenimiento, rehabilitación de drenes, entre otros).

(vi) Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), acceso de agua y alcantarillado en comisarías, hospitales y colegios.

(vii) Proyectos en construcción de interés nacional e hidrocarburos (se entiende que vinculados a minería e industria, por su ubicación en el anexo del Decreto Supremo 80-2020-PCM)

Antes de la reanudación de actividades, cada sector (Ministerios) deberá aprobar mediante Resolución Ministerial los Protocolos Sanitarios Sectoriales para el inicio gradual e incremental de actividades, así como los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; así como las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco de sus respectivas competencias.

Las empresas titulares de los proyectos deberán también:

(i) Elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, observando los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial 239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), así como los protocolos sectoriales; y,

(ii) Proceder a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

3. Imprecisiones en la facultad de supervisión

El artículo 4 del Decreto Supremo 80-2020-PCM establece las reglas para supervisión y fiscalización, señalando competencias de las Autoridades Sanitarias, los Gobiernos Locales y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral– SUNAFIL, en el ámbito de sus competencias.

No obstante, en el caso de servicios públicos e infraestructura pública, el decreto establece que el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” de las empresas prestadoras, también es fiscalizado y supervisado por los organismos reguladores de servicios públicos. Aunque el texto no es preciso, debe entenderse que en el caso de los organismos reguladores, esta supervisión también se realiza solo en el ámbito de sus competencias.

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